Exclusivo LT7| Causa Vialidad: "Los que cometieron delitos deben ser juzgados cualquiera sea su investidura"

El dr. Antonio María Hernández, abogado constitucionalista, ex constituyente de la Nación, protagonista de todas las etapas del proceso de reforma constitucional de 1994 y miembro titular y presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional dialogó con Punto de Referencia respecto a la situación judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El letrado se refirió a la cuestión ciudadana apuntando a la necesidad de hacer más transparentes a los procesos judiciales sin que sobre esto medie algún tipo de vinculación con el poder político. En este sentido criticó la serie de iniciativas impulsadas por el kirchnerismo para hacer reformas de envergadura en el Poder Judicial.

"Eso rebela que no hay igualdad ante la ley. Y por eso la gente descree en el funcionamiento del poder judicial. Lo que hay que saber y no olvidar es el artículo 36 de la Constitución Nacional que es muy importante, ahí se ha elevado al carácter de delito constitucional al enriquecimiento ilícito en la función pública por ser un atentado a la orden constitucional correspondiendo la misma pena de los infames traidores a la patria", afirmó el doctor Hernández. 

 "Esas son cosas que se hacen para eternizar los procesos penales. En definitiva, lo que tratan de asegurar desde el Gobierno es la impunidad", aseveró el abogado en tanto agregó: "No hay posibilidad de cambio en la Argentina si no se aplican la Constitución y las leyes. Los que cometieron delitos deben ser juzgados cualquiera sea su investidura". 

Cabe recordar que la Vicepresidenta de la Nación, se encuentra acusada de administración fraudulenta y de haber encabezado una asociación ilícita junto con su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner, durante los gobiernos de ambos (2003-2015).

Por esto la fiscalía que interviene en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz pidió este lunes que CFK sea condenada a 12 años de prisión y que se la inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos. El pedido de condena fue formulado por el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2.

"Estamos en un proceso penal que tenemos que celebrar porque es muy difícil de ver un proceso de estas características en un país como el nuestro. En argentina tenemos alto nivel de corrupción y un muy alto grado de impunidad", afirmó Hernández.